El Gobierno del Estado de Puebla, a través del coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, manifestó el respaldo absoluto del gobernador Alejandro Armenta Mier a las investigaciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una presunta red empresarial que habría monopolizado contrataciones electorales por 2 mil 740.3 millones de pesos durante los últimos 27 años a nivel nacional. La indagatoria —presentada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal, Raquel Buenrostro Sánchez— identifica la participación de al menos seis empresas vinculadas que operaron desde 1999 en el IFE/INE y organismos locales. En el caso de Puebla, se fiscalizan adjudicaciones por 49.4 millones de pesos (periodo 2014-2023) y 129.7 millones (entre 2024 y 2025).
En rueda de prensa, se detalló que las pesquisas federales incluyen el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Asimismo, en el ámbito local, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, Alejandro Espidio, informó que la administración poblana ha fortalecido los controles mediante la digitalización del padrón de proveedores y el acompañamiento de órganos internos de control en licitaciones, lo que a la fecha ha derivado en la separación del cargo de 315 servidores públicos por diversas irregularidades. García Parra garantizó que el Ejecutivo estatal colaborará para asegurar condiciones de transparencia y certeza de cara al proceso electoral de junio de 2027.


