La fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez, calificó como «inadmisible» la entrega de acreditaciones oficiales a madres buscadoras bajo el Estándar de Competencia EC1542 emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A pesar de manifestar su respeto a la trayectoria de Cecilia Flores, representante del colectivo en Sonora y primera en recibir dicha acreditación, la activista poblana enfatizó que el Estado carece de autoridad moral e institucional para juzgar o validar saberes que las familias adquirieron de forma empírica y gratuita para suplir la omisión gubernamental. Señaló que el esquema representa una «trampa discursiva» y un intento de simulación política que busca definir qué víctimas están calificadas para realizar labores que le corresponden por mandato legal a la autoridad.
Por su parte, Roberto Rosete Guzmán, académico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO) campus Puebla, advirtió que enmarcar la búsqueda comunitaria como una «competencia laboral» desvirtúa un derecho humano fundamental de acceso a la justicia. Asimismo, alertó que estas credenciales podrían utilizarse como filtro discriminatorio para condicionar la presencia de las familias en diligencias de campo o mesas de diálogo, desplazando a colectivos independientes.
Finalmente, el especialista de la IBERO Puebla cuestionó que las evaluaciones tengan costos que oscilan entre los 5 mil y 8 mil pesos por persona, convirtiéndose en una barrera económica excluyente. Urgió a las instituciones a traducir los reconocimientos simbólicos en presupuestos efectivos para infraestructura forense, laboratorios genéticos y carpetas de investigación operativas.
Con información de: Voz de los Desaparecidos rechaza la certificación oficial a madres buscadoras en Puebla – El Sol de Puebla


