ACATZINGO, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla destina durante 2026 una inversión de mil 500 millones de pesos para realizar más de 6 mil obras comunitarias en juntas auxiliares, inspectorías, rancherías y barrios, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la entrega de recursos en Acatzingo.
El mandatario señaló que el programa busca que las propias comunidades definan sus necesidades y participen directamente en la ejecución de los proyectos. Destacó además el papel de las mujeres dentro de los comités ciudadanos, principalmente en la administración transparente de los recursos. Recordó que durante 2025 se realizaron más de 4 mil obras con una inversión de mil millones de pesos.
Armenta adelantó que para 2027 el presupuesto destinado a Obra Comunitaria aumentará a 2 mil millones de pesos. Por ello, pidió a las comunidades comenzar desde ahora con las asambleas para determinar las obras prioritarias, cuyos recursos serían entregados entre febrero y marzo del próximo año.
En Acatzingo, los comités ciudadanos recibieron 4.6 millones de pesos para desarrollar 10 proyectos relacionados con drenaje, agua potable y urbanización en distintas localidades de la microrregión 30. Los recursos permitirán atender necesidades como explanadas, techados, sistemas de agua, parques, canchas deportivas, módulos sanitarios y centros comunitarios.
Como parte de los proyectos para impulsar el desarrollo regional, el gobernador también anunció la rehabilitación del convento de Acatzingo para fortalecer el turismo religioso, un parque lineal conectado con una ciclovía, acciones para el tratamiento y reúso de aguas residuales, una planta pasteurizadora regional de leche y una fábrica estatal de señalética.
Asimismo, convocó a las sociedades de pozos agrícolas a participar en un programa de paneles solares, con el objetivo de reducir hasta 80 por ciento el gasto de electricidad utilizado para la extracción de agua.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la infraestructura de las comunidades mediante un esquema en el que la población participa en la identificación, administración y ejecución de las obras prioritarias para mejorar sus condiciones de vida.


