“Mientras unos gobiernos saqueaban a Puebla, nosotros disolvemos esa corrupción y ese abuso de poder”. Con esa frase, el gobernador Alejandro Armenta marcó postura frente a las críticas de la oposición y calificó de “cinismo descarado” la descalificación a las acciones de su administración.
El mandatario subrayó que su gobierno trabaja todos los días para poner orden, tras años de excesos derivados de un modelo neoliberal que, dijo, aprovechó el caos y la privatización para hacer del estado un botín. Aclaró que su administración no persigue adversarios, pero tampoco incurre en omisiones. “Poner orden no significa atropellar derechos”, puntualizó.
Armenta señaló que quienes hoy critican fueron permisivos con la corrupción, permitieron el crecimiento del robo y distribución ilícita de combustible y dejaron que el saqueo se normalizara. En ese contexto, lanzó una de sus críticas más severas al pasado: “Puebla no necesitaba un museo de 14 mil millones de pesos para demostrar que es de primer mundo”.
El gobernador calificó como inmoral la deuda de 4 mil 300 millones de pesos que se arrastra hasta 2037 por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, al señalar que esos recursos podrían destinarse a obra pública, seguridad y educación. Informó que actualmente su gobierno negocia con los empresarios para llegar a un acuerdo y advirtió que, de ser necesario, se acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para finiquitarla.
Finalmente, Armenta afirmó que regresar el orden es una obligación del Estado, luego de años en los que “dejaron hacer, dejaron pasar y permitieron el saqueo”. Reiteró que el Gobierno de Puebla mantiene el combate a la inseguridad, a los grupos delictivos y a las cadenas de corrupción, algunas de ellas —dijo— amparadas por complicidades municipales.


