En el arranque y desarrollo de la pandemia, del COVID-19, en M\u00e9xico, el derecho al agua reconocido constitucionalmente en el art\u00edculo 4o. con la reforma del 8 de febrero de 2012, enfrenta los d\u00e9ficits del Estado democr\u00e1tico y de derecho. Al no expedirse la ley general de aguas, por el Congreso de la Uni\u00f3n, reglamentaria de citado derecho, se ha constituido en un retraso normativo costoso para la sociedad al no contribuir a las exigencias de la prevenci\u00f3n del contagio del virus, como ha ocurrido con otros derechos humanos a\u00fan sin garantizar.
En la previsi\u00f3n de la enfermedad epid\u00e9mica extendida en mundo, M\u00e9xico se inici\u00f3 con el decreto del 24 de marzo de este a\u00f1o, al establecer la suspensi\u00f3n del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades esenciales de los sectores p\u00fablico, privado y social; el resguardo domiciliario de la poblaci\u00f3n que no participe en actividades laborales esenciales; adoptar de forma inmediata y urgente medidas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas.<\/p>\n
Posteriormente, se decret\u00f3 el regresar del confinamiento en forma paulatina. El 1 de junio de 2020, sin dejar de velar por la seguridad ciudadana y tomar las medidas sanitarias que establece la autoridad sanitaria. Estar alertas al poder ser v\u00edctimas o trasmisores del COVID-19, el regreso a las labores graduales.<\/p>\n
No obstante, llegamos al momento de volatilidad, incertidumbre y complejidad.<\/p>\n
La volatilidad se expresa por la informaci\u00f3n p\u00fablica y privada que cambian d\u00eda a d\u00eda. Nadie puede asegurar cu\u00e1l es la curva de crecimiento de COVID-19. \u00bfcu\u00e1ntos enfermos hay? \u00bfcu\u00e1ntos han fallecido por esta causa? No hay reactivos suficientes para realizar las pruebas a la poblaci\u00f3n y por tanto es una realidad poco cre\u00edble los datos que nos dan a conocer. S\u00f3lo son supuestos, si por este contagio murieron. No se les puede practicar autopsia. Por tanto, la tendencia nacional, estatal o local manifestada por las autoridades es contradictoria y dudosa. Existe desinformaci\u00f3n, falsas y maliciosas noticias, especulaci\u00f3n. La Presidencia de la Rep\u00fablica, la Secretar\u00eda de Salud Federal, gobernadores, ayuntamientos, cada quien expone sus datos, sin que exista congruencia. No hay certeza. Hay desconfianza por parte de la sociedad mexicana sobre cu\u00e1l es la verdad.<\/p>\n
Con la epidemia del COVID-19, la incertidumbre se instaur\u00f3 aceleradamente. Con ella, se ha vuelto menos previsible el comportamiento econ\u00f3mico y la seguridad p\u00fablica. Indicador tras indicador muestra la crisis y la recesi\u00f3n de la econom\u00eda. El aumento de la inseguridad crece por la delincuencia con incremento de los decesos por esta. Nada la detiene. Existe repliegue del Estado Mexicano de su funci\u00f3n de seguridad o esta rebasado.<\/p>\n
La complejidad de la epidemia se conjuga con otros padecimientos que agravan la salud de los mexicanos, como la falta de suministros de medicamentos para ni\u00f1os enfermos de c\u00e1ncer. Los deterioros con otras enfermedades terminales o graves a la salud generan el incremento de decesos a diario.<\/p>\n
El agua como elemento indispensable e insustituible para la salud y la vida, hoy en d\u00eda, el Estado Mexicano no ha cumplido las obligaciones para asegurar el derecho al agua. No ha adoptado las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales necesarias para hacerlo plenamente efectivo, es decir, con la obligaci\u00f3n de garantizar.<\/p>\n
Cuando fue reconocido el derecho al agua se entendi\u00f3 y valor\u00f3 como uno de los asuntos relevantes, al proclamar que toda persona tiene derecho al acceso, disposici\u00f3n y saneamiento de agua para consumo personal y dom\u00e9stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se dispuso que el Estado debe de garantizar este derecho, para lo cual v\u00ednculo al legislador para definir el acceso y uso de los recursos h\u00eddricos, estableci\u00f3 la participaci\u00f3n de los tres \u00f3rdenes de gobierno y de la ciudadan\u00eda para la consecuci\u00f3n de dichos fines.<\/p>\n
El Congreso de la Uni\u00f3n no ha expedido la Ley General de Aguas en t\u00e9rminos del art\u00edculo Tercero Transitorio de la reforma constitucional de 2012, en el plazo previsto de un a\u00f1o, que feneci\u00f3 desde el 9 de febrero del 2013 y ha congelado las iniciativas ciudadanas propuesta en los a\u00f1os de 2015 y 2020.<\/p>\n
Existe la omisi\u00f3n por nuestros legisladores federales. Con ello se restringe el derecho al agua y vulnera el principio de progresividad constitucional al no tutelar el derecho referido y de nada han valido los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano que reconocen el derecho al agua que vincula a \u00e9ste para garantizarlo.<\/p>\n
A las realidades normativas se suman los indicadores. Muestran la escasez y la distribuci\u00f3n desigual del recurso h\u00eddrico en M\u00e9xico.
10.8 millones de mexicanos no contaban con el servicio de agua potable en el a\u00f1o 2017;
La cobertura nacional de agua potable es 91.6 %. En zonas urbanas la cobertura es 95.4 %. En zonas rurales (localidades menores a 2,500 habitantes), la cobertura es 78.8% debido a la dispersi\u00f3n de la poblaci\u00f3n en condiciones fisiogr\u00e1ficas complejas, y la dificultad t\u00e9cnica y\/o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
La cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2%. En zonas urbanas la cobertura es 96.4 %. En zonas rurales, la cobertura es 69.4%.<\/p>\n
Como se puede apreciar la distribuci\u00f3n del agua est\u00e1 dada en forma desigual y las reservas disponibles tienden a reducirse. Esto conduce a una mayor tensi\u00f3n social y condiciones para la expansi\u00f3n de la epidemia por la insuficiencia del recurso, lo cual se intensifica a medida que se incrementa el \u00edndice de las condiciones de pobreza.<\/p>\n
En este contexto normativo y de realidades, el derecho al agua se inscribe en los obst\u00e1culos para combatir el Covid-19 al no disponer del recurso h\u00eddrico de forma suficiente, asequible y salubre para mantener la limpieza dom\u00e9stica, el lavado de manos y aseo personal. Todav\u00eda hay que adquirir el agua purificada para poder tomarla, al no cumplir con el est\u00e1ndar de calidad salubre con el que se dispone en casa, con escasez, de mala calidad, costosa e insuficiente.<\/p>\n
Ante tales condiciones se requiere amortiguar la crisis de la pandemia del COVID, el Congreso de la Uni\u00f3n deje de ser omiso y expedir la Ley General de Aguas para detener y revertir los efectos sociales destructivos provocados ante la falta de garantizar el derecho humano al agua. El Poder Judicial de la Federaci\u00f3n debe tambi\u00e9n vigilar que ello se cumpla conforme a sus facultades ante las omisiones de la autoridad que violan los derechos humanos (art\u00edculo 103, fracci\u00f3n I, constitucional).<\/p>\n
La entrada en vigor de dicho derecho humano al agua debe implicar que los costos de abastecimiento no comprometan ni pongan en riesgo el ejercicio del derecho de acceso al agua a las personas para uso dom\u00e9stico.<\/p>\n
El suministro de agua para dicho uso debe ser gratuito. No solo para este tiempo de epidemia, tambi\u00e9n de manera permanente trat\u00e1ndose de uso dom\u00e9stico y conforme a una determina base de consumo y de ah\u00ed soportar las tarifas que impongan las autoridades municipales. Tambi\u00e9n debe garantizarse el abasto suficiente. Esto es un derecho consagrado.
Debemos estar preparados para los cambios de este a\u00f1o y los siguientes. No tenemos certeza cuando terminara esta epidemia.<\/p>\n
Frente a ello los ciudadanos y la poblaci\u00f3n deben de cuidar la salud y sus vidas. Pero el Estado debe asumir su responsabilidad de asegurar el derecho al agua. No se debe permitir siga aplazando el reglamentar este derecho, cuyos costos seguimos pagando los mexicanos, con las tarifas de agua, de mala calidad y con desabasto.<\/p>\n
Requerimos de un gobierno competente, capaz y eficaz en el cumplimiento de sus diversas funciones, particularmente en estos momentos relacionadas con la salud de los mexicanos.
La par\u00e1lisis del gobierno puede conducir a intensificar la crisis de la pandemia, las injusticias y la p\u00e9rdida de vidas, al no garantizar los derechos, entre ellos el derecho al agua.<\/p>\n
Ante ello estimo, tambi\u00e9n debe de valorarse la gobernaci\u00f3n democr\u00e1tica que d\u00e9 cauce a las pol\u00edticas de Estado, que consideren la garant\u00eda del suministro de agua potable suficiente a toda persona, que aseguren a los gobiernos locales las participaciones federales para destinarlas al suministro de agua potable y el saneamiento.<\/p>\n