A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una de las principales líneas de investigación apunta a una funeraria de Iguala, Guerrero, donde las autoridades indagan si algunos de los estudiantes pudieron haber sido trasladados e incluso incinerados para eliminar evidencias.
La FGR y la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa informaron que las nuevas pesquisas surgieron del reanálisis de documentos y registros telefónicos acumulados durante los últimos 12 años. El Gobierno federal aclaró que el caso continúa sin esclarecerse.
La investigación se concentra en la funeraria El Ángel, cuyo propietario, Rodolfo Rueda Mazón, también tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y la administración del panteón municipal. De acuerdo con las autoridades, esa posición le habría permitido intervenir en distintas etapas relacionadas con el manejo y destino de cuerpos.
Uno de los indicios que fortaleció esta línea fue el hallazgo de que, el 4 de octubre de 2014, Rueda Mazón utilizó el teléfono del normalista Julio César Mondragón, uno de los estudiantes desaparecidos. A partir de estos datos se realizaron cateos en funerarias y en el Semefo, donde fueron detectadas irregularidades en el manejo de restos humanos y documentación oficial.
Las autoridades también reportaron el hallazgo de restos óseos, documentos oficiales y un horno crematorio clandestino relacionado con esta línea de investigación. Sin embargo, determinar si ese mecanismo fue utilizado en el caso de los normalistas y quiénes habrían intervenido continúa bajo investigación.
Los testimonios de colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto forman parte de los elementos que llevaron a investigar la posibilidad de que algunas víctimas fueran trasladadas a funerarias para desaparecer evidencias mediante incineración. La hipótesis también apunta a posibles vínculos entre personal de funerarias y Guerreros Unidos.
Otra de las nuevas líneas corresponde al análisis de comunicaciones telefónicas ocurridas durante las horas críticas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este trabajo permitió identificar 17 nuevos sujetos de investigación y reconstruir posibles vínculos entre integrantes de grupos criminales, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Las pesquisas también incluyen el uso posterior de los teléfonos de algunos normalistas, nuevas búsquedas para localizar a los estudiantes y las indagatorias sobre lo ocurrido en la barandilla de Iguala. En paralelo, las autoridades mantienen procesos para lograr la extradición de funcionarios que permanecen fuera de México.
De acuerdo con Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se han cumplimentado órdenes de aprehensión y realizado detenciones de personas con distintos perfiles vinculados a las investigaciones.
La FGR señaló que esta nueva etapa busca revisar y contrastar la información acumulada durante años con herramientas técnicas y científicas para identificar elementos que no habían sido advertidos o investigados a profundidad.
Con información de: Caso Ayotzinapa, 12 años: Indagan si estudiantes fueron incinerados en funeraria – El Financiero
