La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para fortalecer el derecho de las víctimas indirectas a una reparación integral del daño, particularmente cuando un homicidio culposo provoca que niñas, niños o personas con discapacidad queden sin el sustento económico de quien perdió la vida.
La propuesta plantea reformas al artículo 51 del Código Penal del Estado de Puebla y la adición del artículo 63 Bis de la Ley de Víctimas del Estado, con el objetivo de proteger a las familias afectadas y garantizar el interés superior de la niñez.
De acuerdo con la iniciativa, cuando una persona que conduce un vehículo provoque un homicidio o lesiones y se encuentre en estado de embriaguez superior al primer grado o bajo los efectos de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos u otras sustancias similares, deberá cubrir la indemnización correspondiente.
La propuesta contempla un mecanismo adicional de protección para los casos en que la víctima deje hijas o hijos menores de 18 años o personas con discapacidad que dependían económicamente de ella. En estos casos, la reparación integral del daño incluiría una prestación económica periódica destinada a garantizar su subsistencia, además de las indemnizaciones que correspondan.
El monto, la forma de pago y la duración de esta prestación serían determinados por la autoridad judicial, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, las necesidades de las personas beneficiarias, la dependencia económica acreditada y la capacidad económica de la persona sentenciada.
La iniciativa establece que el apoyo deberá mantenerse hasta que las y los beneficiarios alcancen la mayoría de edad. En caso de que continúen con estudios profesionales o técnicos de manera regular, la prestación podría extenderse hasta los 25 años.
Para las hijas o hijos que tengan una discapacidad que les impida trabajar, la propuesta plantea que el apoyo económico no tenga límite de edad, con el propósito de garantizar su subsistencia ante la pérdida de quien representaba su principal sustento.
Además, la iniciativa contempla la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que brindaría asesoría jurídica, acompañamiento y las medidas de atención necesarias para facilitar el acceso efectivo a los derechos de las víctimas indirectas.
El organismo también podría coadyuvar, dentro de sus atribuciones, en el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones judiciales relacionadas con la reparación del daño.
Con esta propuesta, Susana Riestra busca que la reparación integral no se limite a una indemnización por la pérdida de una persona, sino que contemple las consecuencias económicas y sociales que enfrentan las familias, especialmente niñas, niños y personas con discapacidad que dependían de la víctima.


