“No hay manera en que el gobierno mexicano pueda impedir la imposición de la pena de muerte”, declaró el licenciado Marco Antonio Avilés, parte de la defensa de Miguel Ángel Treviño, “Z40”, y Alejandro Omar Treviño Morales, “Z42”, exlíderes de Los Zetas, quienes fueron parte del “paquete masivo” de integrantes del narcotráfico mexicano a Estados Unidos.
El gabinete de seguridad informó que el traslado de 29 personas relacionadas con delitos de alto impacto fue una solicitud de EU, en la que la decisión le correspondió únicamente al gabinete, asimismo se mencionó que se contaba con información del riesgo de posibles liberaciones y considerando las actividades delictivas a las que se dedicaban se procedió a realizar el traslado.
Por otra parte, el Fiscal General, Gertz Manero señaló que dicho movimiento se fundamento de acuerdo a la Convención de Palermo y la Ley de Seguridad Nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL el abogado señaló que no existe manera de que México garantice que no se aplique la condena máxima a las personas que fueron “trasladadas” a Estados Unidos, así como lo insinuó el Fiscal.
“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países que nosotros tenemos un convenio. Nuestra garantía es la ley (…) cuando se sujeta a una operación a una convención internacional; como fue en este caso se tienen que respetar las condiciones de esa convección, no hay duda”, señaló el Fiscal en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la posible pena de muerte contra seis narcotraficantes que fueron enviados a EU.
El defensor legal indicó que no hay forma de garantizar esto, en su caso puede promover un recurso en el estado de derecho internacional, sin embargo sólo quedaría en una ‘opinión’.
Ya que la forma en la que se dieron los ´traslados´ fue de forma ilegal y se entregaron a las autoridades estadounidenses sin ninguna garantía de que no se les impusiera la pena de muerte, la cual ahora sí es una posibilidad.
“Un destierro” por más que quieran justificarlo
El penalista señaló que la figura jurídica a la que fueron sometidos sus clientes es un destierro “por mucho que quieran justificarlo en que es un traslado esto es un destierro”, dijo.
Asimismo, indicó que era evidente que hubo una violación a todas las suspensiones que se tenían y no como el Fiscal General justificó en conferencia de prensa.
“No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones”, declaró Gertz Manero, quien también argumentó que la operación se apegó a lo fundado en la Convención de Palermo y en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional.
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