El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 328 votos, 131 en contra y cinco abstenciones, las polémicas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.
Hay que decir que este asunto se iba a discutir en el Pleno hasta este jueves, pero ante las manifestaciones campesinas, se decidió acelerar todo el proceso.
El dictamen fue aprobado en fast track por mayoría de votos en la Comisión de Recursos Hidráulicos y además, se acordó dispensar todos los trámites parlamentarios para aprobarse en el Pleno con obvia y urgente resolución.
Oficialismo defiende cambios y asegura que se termina el “botín político” del agua
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, aseguró que con esta iniciativa presidencial se acaba de un tajo con el botín político y económico que representó el negocio del agua.
“Esta reforma facilita el acceso al agua a los que más lo necesitan, para las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los ejidos, para las familias campesinas que producen los alimentos que llegan a nuestra mesa. Por años, el pueblo de México padeció el abuso de grandes intereses privados controlaban enormes volúmenes, mientras comunidades enteras sufrían escasez, pero hoy eso termina, el agua deja de ser una mercancía, un botín político y económico, porque el agua es de la Nación y es para el pueblo”.
Oposición advierte afectaciones a productores y acusa control político
Pero la oposición asegura que este dictamen lejos de beneficiar, perjudica a los productores agrícolas, el documento tiene errores, inconsistencias y ambigüedades, la propuesta de más de 600 páginas, no resuelve el problema del riego agrícola y el acaparamiento, en cambio limita el uso y aprovechamiento del líquido.
El panista Agustín Rodríguez acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena de buscar controlarlo todo, primero el Poder Legislativo, después al Poder Judicial y ahora busca arrodillar al pueblo por un simple vaso de agua.
“Son abusones, tramposos, mentirosos y son traicioneros: ustedes pretenden y buscan un clientelismo hídrico, un monopolio hídrico, exactamente eso es lo que pretende la Presidenta de México y eso es lo que pretende Morena, arrodillar al pueblo de México hasta por un méndigo vaso de agua”.

En el mismo sentido, se pronunció el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien subió a tribuna con pancartas que decían “Morena odia al campo”, incluso calificó la iniciativa de Claudia Sheinbaum de violar la Constitución, pues no se consultó, como lo exige la Carta Magna, a los pueblos indígenas sobre los cambios legales en torno al agua.
“¿Se hizo la consulta?, porque si no se hizo la consulta se está violando la Constitución General de la República, no hay forma de evadir esa responsabilidad y si ustedes lo votan estarán disminuyendo los derechos de los pueblos originarios y lo estarán haciendo conscientemente”

No obstante, el coordinador de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, aseguró que la oposición miente y desinforma, pues no hay un solo artículo de esta iniciativa que perjudique a los campesinos, ni a las comunidades étnicas de México.

Nuevas sanciones y penas previstas en la reforma
Cabe mencionar que esta reforma en materia de aguas, contempla un catálogo de sanciones por diversas conductas irregulares, en el uso, explotación, distribución, transmisión y aprovechamiento del agua, por ejemplo, se establecen penas de hasta 12 años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión, además, multas de más de 15 millones de pesos.
Incluso, en caso de reincidencia, la multa podrá ser hasta por tres veces el monto originalmente impuesto, así como la revocación del título y la clausura definitiva.
También, de dos a 10 años de prisión y de 400 a cuatro mil días multa, a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro, sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente.
Y de dos a 10 años de prisión y de 400 a cuatro mil días multa, a quien sin autorización expedida por la autoridad competente altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas, o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales.
Con Información De: Diputados aprueban en fast track Ley de Aguas, pese a protestas campesinas


