Puebla impulsa la modernización del transporte: apoyos históricos y certificación más accesible
El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, anunció el programa más amplio de apoyo al transporte público en más de una década, con incentivos directos, reducción de trámites y medidas para fortalecer la seguridad y profesionalización del sector.
Entre las acciones destaca un apoyo del 20% como enganche a fondo perdido para la sustitución de unidades híbridas, eléctricas o de bajas emisiones, dirigido a concesionarios y permisionarios con vehículos modelo 2015 o anteriores. Este fondo inicial, de 200 millones de pesos, se complementa con un esquema financiero que facilita cubrir el resto del valor de la unidad sin generar presiones económicas.
En una medida sin precedentes, el gobierno eliminó trámites que por años frenaron la regularización: el cambio de concesión pasó de costar 34 mil pesos a cero, además de cancelarse adeudos acumulados y ampliarse la vigencia de taxis de siete a diez años, favoreciendo a más de 10 mil transportistas.
La certificación también será más accesible: el costo por competencias baja de 700 pesos a solo 20 pesos, y se otorga una reducción del 40% en estándares obligatorios. De manera paralela, más de 30 mil operadores deberán contar con licencia mercantil obligatoria, fortaleciendo la profesionalización y elevando la seguridad de las y los usuarios.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, subrayó que estas medidas garantizan un piso parejo entre taxis y plataformas digitales, además de avanzar en el reordenamiento con transparencia y reglas claras. Esto incluye revista vehicular —con más de 19 mil unidades verificadas— y operativos coordinados para inhibir delitos dentro del transporte público.
Como parte de la estrategia para combatir abusos, el gobernador anunció la creación de un corralón estatal, que eliminará cobros ilegales por arrastre y liberación de unidades. “El objetivo central es proteger a las familias poblanas”, reiteró.
Con una visión alineada a la política nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, el transporte público se coloca en el centro de la agenda de bienestar: un sistema más humano, seguro y digno, tanto para usuarios como para transportistas.
