En los últimos días, miles de migrantes que estaban bajo la impresión de haber cumplido con los procedimientos legales para ingresar y permanecer en Estados Unidos han recibido un correo electrónico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con un ultimátum. “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no después de la fecha de terminación de su parole”, de lo contrario, podría enfrentar «consecuencias adversas».
La misiva indica que los beneficiarios del parole (en español, libertad condicional o permiso temporal de permanencia) tienen hasta el 24 de abril para cumplir con la orden o, en caso de ser antes, cuando expire este permiso, sin oportunidad de poder renovar.
“A partir de la terminación de su parole, usted puede estar sujeto a una expulsión inmediata, de conformidad con la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), o a un proceso de expulsión, conforme a la sección 240 de la INA, cualquiera de los cuales puede resultar en su expulsión, a menos de que haya salido de los Estados Unidos o haya obtenido una vía legal para permanecer en el país”, indica una copia del email al que El País tuvo acceso.
La nueva propuesta de Trump se ha dado a conocer en medio de una estricta campaña contra la migración ilegal en Estados Unidos.
En caso de permanecer en Estados Unidos después del 24 de abril, “comenzará a acumular presencia ilegal en el país, a menos que esté protegido de otra manera contra dicha acumulación». Esto implicaría también la revocación de cualquier autorización de empleo otorgada mediante el permiso temporal.
¿Legal o ilegal? A Trump no parece importarle
El 25 de marzo, el Gobierno de Donald Trump hizo oficial la eliminación del programa CHNV, el cual beneficiaba a cerca de 532,000 migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), gente que ingresó a Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden bajo la figura del parole humanitario, una vía de acceso legal al país mediante un patrocinador, usualmente, un familiar.
Sin embargo, para el Gobierno de Trump, su estancia en el país es tan ilegal como la de los migrantes que cruzan el río Bravo nadando y evadiendo el arresto de los agentes fronterizos. Kristi Noem, titular del DHS, señaló en febrero que renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de estas personas que ingresaron en los últimos cuatro años es “contrario al interés nacional de Estados Unidos”, citando un supuesto aumento de actividades criminales como un factor en su decisión.
