Para impulsar un ambiente sano e incluyente en las escuelas e instituciones educativas, diputados de la Comisión de Educación del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad, las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Integral Escolar para Estado de Puebla, las cuales tienen como propósito fomentar y promover una cultura de la paz y de igualdad de género, así como libre de discriminación entre los estudiantes.
La legisladora María del Carmen Saavedra explicó que, en las escuelas e instituciones ya se hace necesario combatir la discriminación y la violencia entre los estudiantes, quienes son víctimas de robos, violencia, agresiones, difamación, burlas y amenazas entre otras cosas, para lo cual fue necesario llevar a cabo reformas a la Ley de Seguridad Integral Escolar para Estado de Puebla.
Por su parte la diputada coincidió con su compañera Nancy Jiménez Morales quien señaló que las acciones de prevención deben verse como prioritarias para lograr impulsar una cultura de paz, lenguaje incluyente y de igualdad de género entre los maestros, directivos y estudiantes.
La diputada Bárbara Morán Añorve al participar en la discusión del tema destacó que estas reformas, servirán para asegurar un ambiente sano y erradicar conductas inadecuadas entre los alumnos.
Asimismo las y los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron por unanimidad, el Acuerdo presentado por el diputado Arturo de Rosas Cuevas, por medio del cual se exhorta a los titulares de la Secretarías de Educación Pública del Gobierno Federal y Estatal, a revisar, vigilar e implementar acciones de vigilancia a las universidades privadas para que en los procesos de titulación, grados académicos o certificaciones de estudios se abstengan de realizar cualquier cobro que exceda el importe de los derechos establecidos para llevar a cabo este trámite.
En la exposición de motivos el documento da cuenta de las diferencias en los costos que tienen que pagar los graduados de nivel superior en las instituciones públicas, cuyo costo oscila en los 2 mil pesos, mientras que en las privadas las cantidades van desde los 3 mil y hasta los 35 mil pesos; situación que en ocasiones frena las pretensiones de poder cumplir con los trámites y que los estudiantes no logren su certificación o titulación profesional por cuestiones económicas.
Tras su aprobación, las y los integrantes de la Comisión de Educación turnaron el Dictamen al Pleno de la LX Legislatura para su aprobación final
